Parece ser que Google no para de dar de que hablar a causa de sus prácticas poco éticas, donde una vez más se ven comprometidos los datos personales de sus usuarios; y es que en esta oportunidad la reconocida compañía a nivel internacional abría sustraído información sumamente delicada, como lo son los datos biométricos de aquellos que estén utilizando sus servicios o dispositivos.
Tal como informa el fiscal general de Texas, Ken Paxton, habría demandado a Google por la aparente recopilación y uso de datos biométricos, pertenecientes a millones de ciudadanos tejanos sin el respectivo consentimiento.
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El fiscal general de Texas denuncia que la compañía Google; supuestamente estaría utilizando productos y servicios como lo son Google Photos, Google Assistant y Nest Hub Max, para recopilar una enorme cantidad de identificadores biométricos de manera flagrante, incluidas entre tanto las huellas de voz y los registros de la función de reconocimiento facial desde el año 2015.
Esto supondría una violación de la ley de privacidad biométrica del estado antes mencionado –la cual también es conocida como Ley de Captura o Uso de Identificadores Biométricos-, esta ley exige a las empresas que soliciten el consentimiento de los usuarios cuando recojan sus identificadores de cualquier índole; incluyendo los de formato biométrico, los cuales comprenden en su haber, escáneres de retina o iris, huella dactilar, huellas de voz o un registro de la geometría de la mano o del rostro.
Durante poco más de una década, Texas habría prohibido que las empresas capturasen los datos biométricos de los ciudadanos tejanos, incluyendo las características únicas de el rostro y la voz de un individuo sin su respectivo consentimiento informado y previo al uso de las mismas, según indica la petición.
Desafiando flagrantemente esta ley, Google ha recopilado, desde al menos 2015, datos biométricos de innumerables tejanos y ha utilizado sus rostros y voces para servir en pro de los fines comerciales de Google.
Demanda contra las violaciones de la privacidad a manos de Google
Paxton ha estado presentado diversas demandas en contra de Google por invadir la privacidad de los ciudadanos de Texas al utilizar sus productos y servicios.
Por ejemplo, en el mes de enero del año 2022, el fiscal general de Texas habría demandado a Google por violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Protección al Consumidor de el estado de Texas.
En poco menos de una semana después, Paxton presentaría una nueva demanda por el presunto rastreo engañoso de la ubicación de sus usuarios por parte de la compañía Google sin su respectivo consentimiento y por la malversación de los datos de localización para anuncios dirigidos y personalizados.
La recopilación indiscriminada por parte de Google y de la información personal de los ciudadanos tejanos, incluida información sumamente sensible como los identificadores biométricos, no se tolerará bajo ninguna circunstancia, ha añadido el día de hoy Paxton. Seguiré firmemente luchando contra las grandes compañías que practiquen estas mecánicas ilegales de comercio para garantizar la privacidad y la seguridad de todos los ciudadanos de Texas.
La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) amonesto a Google con 60 millones de dólares en agosto por timar a los usuarios australianos de Android en relación a la recopilación y el uso malversado de sus datos de localización durante casi dos años, entre las fechas de enero de 2017 y diciembre de 2018.
Las denuncias no paran
En el mes de enero, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia también multaría a Google con la cifra de 170 millones de dólares por dificultar el rechazo de las cookies de rastreo ocultando la opción tras múltiples clics adrede, lo que supone una clara e intencionada infracción de la libertad de consentimiento de los internautas.
Con antelación, Google fue multado con 2.720 millones de dólares por abusar nuevamente de su posición dominante en el mercado para tergiversar los resultados de las búsquedas, además fue amonestado con 1.700 millones de dólares por prácticas anticompetitivas y antitéticas en la publicidad en línea, con 220 millones de euros por favorecer sus servicios por el daño moral o material de los competidores y con 11,3 millones de dólares por la recogida agresiva e inadvertida de datos.
